Una juez imputa por prevaricación a tres altos cargos de Interior

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El subsecretario, Luis Aguilera; el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y una subdirectora declararán por la supuesta adjudicación 'a dedo' de plazas de funcionarios de Prisiones

 

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, ha citado a declarar como investigados (la actual denominación de la figura de imputado) a tres altos cargos del Ministerio del Interior por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Se trata del subsecretario del departamento, Luis Aguilera; el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; y la subdirectora de Recursos Humanos de Prisiones, Ana María Velasco. Todos ellos comparecerán en el juzgado el próximo 20 de febrero acusados de adjudicar supuestamente a dedo cientos de plazas de funcionarios en el último concurso interno de traslado de Instituciones Penitenciarias.

La imputación de los tres altos cargos de Interior se produce después de que el sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, ACAIP, presentase en noviembre una querella contra ellos por prevaricación y malversación de caudales públicos. La juez Raquel Robles admitió el pasado 8 de enero la querella solo por el primero de los delitos y acordó la incoación de un sumario ordinario. La primera diligencia acordada ha sido, precisamente, la toma de declaración en calidad de investigados de Aguilera, Yuste y la responsable de recursos humanos de las cárceles españolas. Portavoces del ministerio del Interior han mostrado a este diario su convencimiento de que "la actuación de los tres se ha ajustado a la legalidad" y negaron "rotundamente" la existencia de "ningún tipo de irregularidades" en la adjudicación de las plazas.

En su querella, ACAIP acusa a los tres altos cargos de colocar de manera "arbitraria" a funcionarios "que no reúnen los requisitos legalmente establecidos" para ocupar puestos de trabajo creados ad hoc para ellos. En su denuncia, el sindicato pone como ejemplo de estas supuestas irregularidades la plaza de jefe de gabinete del Centro Penitenciario de Arrecife (Lanzarote), la de jefe de servicios de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, y los puestos de coordinador de servicios en la prisión de Villabona (Asturias) y en el Centro de Inserción Social de Algeciras (Cádiz). También denuncia la dotación de puestos de trabajos en dos centros de próxima inauguración, los de Ceuta y Archidona (Málaga). Este último se hizo célebre tras acoger durante más de 50 días a 570 inmigrantes argelinos llegados de manera irregular a las costas españolas en noviembre. 

Siempre según la denuncia, la actuación de Interior desde la convocatoria del concurso, en marzo del año pasado, hasta la resolución del mismo, en octubre, "ha sido anormal". En este sentido, ACAIP destaca "la falta de transparencia" por la supuesta ocultación de las actas del concurso a los propios integrantes de la Comisión de Valoración, la "opacidad" en las puntuaciones otorgadas a los candidatos, la modificación sin justificación de la que recibieron 71 aspirantes y la falta de respuesta a las alegaciones que presentaron los que participaron en el concurso y discreparon de la decisión final. Para ACAIP, todo ello se tradujo en "colocaciones que vulneran los principios de mérito, igualdad y capacidad".

Desde Interior se niega "tajantemente" dichas irregularidades e insisten en que el ministerio no tiene "competencias para crear o suprimir puestos de trabajo", como asegura el sindicato. Los portavoces del departamento de Juan Ignacio Zoido recalcan que la Comisión de Valoración aprobó los traslados y que en dicho órgano, además de la Administración, estaban representados los sindicatos, entre ellos ACAIP. "Validaron el concurso de traslados", añaden.

 

                                   Noticia del diario El Pais, de dia 19/01/2018 

 

   Noticia del diario Publico de 19/01/2018